EL AUTO LIBRA A SAPONI, NEVADO Y ARIDOS SEVILLA
El juez archiva la causa de la cantera al no haber delito
No hay contaminación medioambiental ni tampoco prevaricación
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cáceres ha decretado a través de un auto el archivo y sobreseimiento de la causa de la cantera Pedregosa librando así a los imputados Andrés Nevado Peña, José María Saponi Mendo y Sebastián Sevilla Nevado, como responsable legal de la mercantil Aridos Sevilla Nevado. No existe delito ecológico ni tampoco supuesta prevaricación. "Un alcalde responde por todas las cosas que pasan en el ayuntamiento pero estas situaciones te mantienen en una sensación de incomodidad tremenda", afirmó ayer el exalcalde José María Saponi.
Así, el informe pericial concluye que la cantera explotada no provoca riesgos de mayor trascendencia que los que se toleran en toda actividad humana de extracción, e insiste en que no existe una incidencia significativa medioambiental. A su vez, tampoco consta que se realizaran mediciones de ruido con respecto a la actividad de la cantera y su incidencia en el medio ambiente. Por último, sobre los posibles daños en el patrimonio hidráulico, la Confederación Hidrográfica del Tajo calificó la cuantificación lesiva como leve.
A lo largo del proceso han declarado todos los implicados, así como peritos técnicos de la Junta de Extremadura para evaluar el posible daño medioambiental de la cantera, que inició sus funciones en 2005 y acumuló varias denuncias por parte del Seprona, la Policía Local y colectivos ecologistas por la carencia de licencia municipal --la adquirió el pasado 2013--, aunque tenía autorización del servicio de Energía y Minas de la Junta de Extremadura.
DENUNCIA DE LA FISCALIA De esta manera se cierra un capítulo abierto en el año 2012 tras la denuncia de la Fiscalía a dos exalcaldes, José María Saponi y Carmen Heras, así como a un exconcejal, Andrés Nevado, al secretario del ayuntamiento, Manuel Aunión, y a la propia empresa, Aridos Sevilla Nevado, a quienes se investigaba por un presunto delito medioambiental y, en el caso de los responsables municipales, por autorizar y/o consentir la supuesta actividad contaminante.
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